La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo ejerció acción penal contra cuatro presidentes municipales involucrados en una red de corrupción para desviar recursos públicos a través de empresas fachada.
Te podría interesar
Los ediles son apenas cuatro de una lista de 13 alcaldes involucrados en la denominada estafa siniestra, fueron aprehendidos acusados de peculado agravado, así como uso ilícito de atribuciones y facultades en agravio de la administración pública.
Por Morena, el edil aprehendido fue Luis Enrique Cadena García, de Nopala. Por el PRI fueron los alcaldes de Epazoyucan y Yahualica, Fidel Arce Santander y Elías Sanjuan Sánchez, respectivamente; en tanto que del PESH, Felipe Juárez Ramírez, edil de Huautla.
En conferencia de prensa, el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, y el encargado de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), Santiago Nieto Castillo, informaron que el monto desviado por los alcaldes asciende a 172 millones de pesos.
De este monto, 14 millones 215 mil 780 pesos corresponden al edil de Epazoyucan; 26 millones 615 mil 780 pesos, al de Huautla, y 15 millones de pesos al de Yahualica; el monto mayor por 71 millones 960 mil 890 pesos corresponde al alcalde morenista de Nopala.
Nieto Castillo explicó que el modus operandi del esquema de defraudación consistía en realizar solicitudes de apoyo de recursos extraordinarios a la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal; ésta autorizaba el recurso, generaba la transferencia a las cuentas de los municipios a través de diversas instituciones bancarias.
Posteriormente, los ediles recurrían a empresas fachada, cuyos domicilios eran casas particulares, sin ningún tipo de operación. Les asignaban de manera directa contratos para rehabilitaciones de caminos, adquisición de insumos para Covid y generación de aplicaciones digitales, sin que se realizaran los trabajos, pero a cambio sí se liberaba el pago de las facturas.
En el caso de la rehabilitación de caminos, se detectó que en Epazoyucan sólo se arrendaba maquinaria, además de que los contratos se realizaban sin autorización de cabildo y que la empresa beneficiaria tenía domicilio fiscal en el estado de Oaxaca, y ni siquiera se encontraba con registro de padrón de proveedores del estado de Hidalgo cuando ya estaban los contratos.
Añadió que no hubo forma de acreditar la urgencia de las actividades desarrolladas y se descubrió que una misma persona fungía como representante legal de las dos empresas fachada.
Por este esquema de defraudación otros 9 ediles están siendo investigados y se podría generar órdenes de aprehensión en contra de éstos, de encontrarse elementos suficientes de su responsabilidad.
El responsable de la PGJH informó que las indagatorias continuarán y se espera que puedan fincar responsabilidades contra exfuncionarios estatales de la pasada administración local, sin adelantar los cargos que desempeñaron para no entorpecer las indagatorias.
Los otros funcionarios señalados en el esquema de corrupción son los de Acaxochitlán, Atotonilco el Grande, Huazalingo, Mineral del Monte, Pisaflores, Singuilucan, Tepeji, Tlahuelilpan y Zacualtipán.