Grupo México y el presidente Andrés Manuel López Obrador difirieron sobre la versión por la cual la empresa ya no construirá el Tramo 5 del Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum y cuya cancelación derivaría en una demanda millonaria contra el gobierno federal.
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Por un lado, Grupo México confirmó a través de un comunicado que debido a que la administración federal modificó las fechas de entrega del Tramo 5 del Tren Maya y se solicitó concluirla en 11 meses, para julio de 2023, decidió declararse en imposibilidad técnica y con ello evitar incurrir en un incumplimiento.
“La terminación anticipada se debió a la imposibilidad técnica para realizar el proyecto en 11 meses y entregarlo en julio de 2023. Se evitó incurrir en un incumplimiento derivado de nuevas fechas de entrega solicitadas. La seriedad y profesionalismo del consorcio lo llevaron a declinar ante la complejidad y la premura impuesta a la terminación del proyecto”, se lee en el documento.
Recalcó que decidió declinar su participación debido a la complejidad y la premura impuesta a la terminación del proyecto y aseguró que durante la vigencia del contrato, no cometió ningún incumplimiento.
En contraste el presidente López Obrador sostuvo durante su conferencia de prensa matutina que la cancelación anticipada del contrato se debió a un incumplimiento por parte del consorcio conformado por Grupo México y Acciona.
“Hubo un incumplimiento en el contrato de un tramo en Tulum, creo que de Playa del Carmen a Tulum, como 50 kilómetros, de Grupo México; entonces, se llegó al acuerdo de que iban a participar otras empresas, porque no estaban cumpliendo, esa fue la razón”, respondió el primer mandatario ante la pregunta directa.
Él mismo explicó que su administración notificó a la empresa que les “urgía terminar ese tramo” y ante ello decidieron entregarlo a tres empresas: Mota-Engiel, Grupo INDI e ICA.
El mandatario federal también aseguró que ya tenían un acuerdo con la empresa para finiquitar el contrato, por lo que se dijo sorprendido por las versiones que apuntan a que la empresa interpuso una demanda millonaria contra el gobierno.
“Se está en un acuerdo con la empresa, se va a buscar un acuerdo, porque ellos trabajaron e invirtieron y quieren una cantidad por lo que hicieron, y los técnicos de Fonatur sostienen que no es esa cantidad la que les corresponde; o sea, están queriendo cobrar de más, o Fonatur pagar de menos, como se quiera entender. Entonces, me llama la atención que le mandé a decir a Germán Larrea, dueño de Grupo México, que se buscara una negociación, que los ingenieros militares nos elaborarán un dictamen y que si aceptaba ese dictamen para definir cuánto se tenía que pagar, y me mandó a decir que aceptaba”, narró.
Sin embargo, en su comunicado la empresa confirmó la existencia de una demanda: “todas las actuaciones encaminadas al cierre del contrato han formado parte de un procedimiento legal y administrativo establecido con base en los requerimientos de Fonatur, en un marco de diálogo y buena fe”.
Y aseguró que de cada acción emprendida “han estado plena y oportunamente informados los funcionarios del gobierno federal relacionados con el proyecto”.
Aunque la empresa aseguró que sí aceptó que el finiquito derive del análisis hecho por ingenieros militares para fijar el monto a pagar, pugnó porque sea un asunto transparente, apegado a los hechos y a la legalidad.