La impunidad a nivel nacional es del 91.8%, cifra menor a la registrada durante 2020 cuando se ubicó en 94.8%, de acuerdo con el informe “Hallazgos 2021” de la organización México Evalúa.
Te podría interesar
El reporte señala que 23 entidades superan el 90% de la media nacional, mientras que 19 alcanzan o superan la media, siendo las cinco entidades con la situación más crítica, la Ciudad de México con el 98.4%, San Luis Potosí con el 98%, Aguascalientes y Baja California Sur con el 97.1% y Guerrero con el 97%.
En tanto, los cinco estados con la menor impunidad del país son Yucatán con el 69.5%, Chiapas con el 79.5%, Baja California con el 79.2%, y Michoacán y Guanajuato con el 80.3%.
Por delito, el homicidio doloso tiene una incidencia de 96.9%, la desaparición en 98.9%, la extorsión el 98.2%, el 97.1%, el narcomenudeo, el robo simple el 97%, la violencia familiar el 95.7%, la violación el 96.4%, el secuestro 82.4% y el feminicidio el 88.1%.
México Evalúa refirió que por cuarto año consecutivo, este índice reflejó la falta de atención, investigación o resolución de los casos conocidos por la autoridad, ya sea porque no se logró un acuerdo reparatorio, no derivaron en alguna salida anticipada o porque se encuentran sin sentencia.
En este marco, el estudio señaló que la insuficiencia de presupuesto para las instituciones así como las asimetrías evidenciadas por la distribución y la sobrecarga de trabajo de los operadores, es determinante para que la gran mayoría de los casos no sean investigados.
“El presupuesto no garantiza el éxito de una institución, pero sí lo condiciona. Sin recursos suficientes, ninguna institución de justicia podrá mejorar su capacidad de respuesta para la ciudadanía, la impunidad seguirá escalando y tendremos un Estado de derecho aún más débil”, comentó Edna Jaime, directora general de México Evalúa.
Y es que en 2021 el presupuesto a nivel estatal aumentó solo 0.07%, con respecto a 2020. De éste, el 50% se destinó a seguridad pública, 26% a las fiscalías, 22% a los poderes judiciales, 2% a las defensorías y apenas 0.43% a las comisiones de atención a víctimas.
“Hallazgos 2021” cuenta con el apartado de “Aproximaciones con perspectiva de género”, que revela las condiciones de subordinación y desigualdad de las mujeres en el sistema de justicia penal. Por ejemplo, las mujeres son incomunicadas o aisladas desde su detención en el 55.3% de los casos (casi 5 puntos porcentuales más que los hombres).
En lo que se refiere a la prisión preventiva a nivel nacional se impone entre hombres en 4 de cada 10, entre mujeres se impone a 1 de cada 2, y la proporción se agrava tratándose de delitos federales, siendo 6 de cada 10.
Así también, las cifras muestran que el castigo de las mujeres llega a ser más severo: en determinados casos, ellas reciben sentencias más largas, respecto a las de los hombres en la misma condición.
La organización destacó que la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) podría representar fuertes implicaciones para “la justicia penal y pondría en tensión el desarrollo de las tareas relativas a la detención, cadena de custodia, investigación criminal, esclarecimiento de los hechos y construcción de paz”.
En este marco, argumentó que a marzo de 2022, la Guardia Nacional acumulaba 854 quejas por violaciones a derechos humanos, lo que muestra que por primera vez, la Guardia Nacional tuvo más quejas en su contra que el Ejército y la Marina, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos. Solo 29% del personal de la Guardia Nacional cuenta con el Certificado Único Policial para realizar funciones públicas.
Resaltó que el proceso de militarización de la seguridad pública pone en riesgo el funcionamiento normal del SJP, pues se han alcanzado cifras sin precedentes, toda vez que 94 mil elementos de las fuerzas armadas son parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
En su novena evaluación anual a la operación del Sistema de Justicia Penal -seis años después de la entrada en vigor a nivel nacional de las reformas al SJP-, la organización también advirtió una clara ausencia de perspectiva de Estado para formar o fortalecer instituciones, renuencia para invertir en la justicia penal y consolidarla, así como abandono de los esfuerzos para cerrar los espacios de impunidad y ampliar el acceso a la justicia.