Al revisar el componente total de la iniciativa de reforma electoral enviada por el Presidente de la República al Congreso y la cual propone un cambio radical en la estructura electoral actual, así como en la conformación de los congresos Nacional y de los estados, pero principalmente el recorte a los partidos, los expertos advierten riesgos en los recursos a los que accedan los partidos y la operación electoral en sí.
Te podría interesar
El documento elimina financiamiento para actividades ordinarias, deja financiamiento para gastos de campañas electorales y abre el financiamiento privado con candados en fiscalización.
Eduardo Huchim May, exconsejero del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), señala que sí actualmente "es excesivo lo que se dedica a los partidos y sí se justifica una reducción.
"Lp que reciben los partidos, sobre todo los más votados y cuya bolsa de financiamiento es mayor, ha propiciado un crecimiento burocrático sin medida y también una disputa al interior, por los dineros y los cargos”, plantea.
Pero al mismo tiempo advierte que eliminar el financiamiento público para gasto ordinario es excesivo. “Sería deseable mantener un porcentaje, así sea mínimo, para actividades ordinarias”.
Sobre el tema, la catedrática de la UNAM, Karolina Gilas, anticipa que ese hachazo al recurso público "abriría a los partidos la puerta a todos los peligros que se busca evitar al darles financiamiento público”.
"Al verse sin fondos, los partidos buscarían otras fuentes de financiamiento con recursos de los gobiernos que encabezan, lo que también es dinero ilegal, y no sólo eso, sino también existe el riesgo de buscar dinero del crimen organizado”, alerta.
Para Gilas, además el movimiento es radical puesto que "al cortar recursos a todas las fuerzas políticas, el partido en el poder, cualquiera que sea, tendrá ventajas, pues se le facilita el acceso a recursos públicos, materiales y humanos, de sus administraciones".
Otros cambios en la iniciativa son que se tenga el acceso a los tiempos oficiales del Estado en proceso electoral y los mensajes con una duración no menos a un minuto; se define que, en tiempos de campaña, los partidos tengan 30 minutos diarios en radio y televisión para partidos y candidatos independientes.
Centralización
En cuanto a las estructuras electorales, se promueve la unificación de autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales y extinción de los Organismos Público Locales Electorales.
Se suprime al Instituto Nacional Electoral (INE) y se crea el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).
Asimismo, se eliminarían los 300 distritos electorales y los Tribunales Electorales de las entidades federativas, lo que dejaría al Inec como única autoridad administrativa electoral del país, misma que absorbería la totalidad de los procesos electorales a nivel nacional, estatal y municipal, además de los ejercicios de democracia directa.
En la iniciativa se plantea que el Inec se conformará de órganos temporales y auxiliares que concentren las funciones para garantizar las funciones electorales, principalmente en periodos electorales.
El Inec y los tribunales electorales se integrarían por voto directo de la ciudadanía, las propuestas serían presentadas por la Cámara de Diputados y Senadores, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el titular del Ejecutivo, y serán electos por un período de seis años.
La Cámara de Diputados emitiría convocatoria para la jornada electiva de las personas titulares de las consejerías electorales del INEC; el Senado haría los mismo para las magistraturas a elegir.
Respecto a los cambios radicales, la Cámara de Diputados quedaría conformada por 300 curules, se eliminarían 200. El Senado quedaría en 96 escaños, se eliminarían 32 y su elección seria por una sola lista por cámara y por entidad federativa.
La lista estaría integrada por personas nacidas en la entidad… federativa o por residencia con antigüedad domiciliaria de un año. Se conserva la regla de que por entidad federativa haya al menos 2 diputaciones.
La conformación de ambas listas se deberá respetar el principio de paridad de género y serán integradas en forma alternada.
Establece que los congresos quedarían de 15 a 45 máximo integrado en las diputaciones, 15 cuando entidad tenga un millón de habitantes y por cada 500 mil se podrá incrementar una diputación.