APRO.- México, además de utilizar a cortes federales de Estados Unidos para intentar contener el tráfico ilegal de armas procedente de ese país y que no detiene la Casa Blanca, pondera llevar a foros judiciales internacionales a la industria armamentista del país vecino.
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“Estamos viendo si hay alguna instancia internacional en paralelo en donde podamos presentar el planteamiento; en La Haya podría ser”, dice en entrevista con Proceso Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La semana pasada, ante Corte Federal de Distrito del Distrito de Arizona, con sede en Tucson, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México demandó por la vía civil a cinco expendedoras de armas, a las que acusó de atizar de manera intencional el trasiego ilegal de armamento que empodera a los cárteles del narcotráfico y al crimen organizado.
“También, además de la apelación que entregaremos a la Corte Federal en Boston, Massachusetts –que desechó la demanda de la SRE contra ocho empresas estadunidenses fabricantes de armas–, demandaremos a vendedores en California, Nuevo México y Texas”, adelanta Ebrard.
La nueva demanda civil del gobierno de AMLO que, de acuerdo con Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la SRE, “es un acto de frustración ante la falta de actuación por parte del gobierno de Estados Unidos”, les imputa 13 delitos a los cinco vendedores de armas.
Ubicados en Tucson y Phoenix, Arizona, los ocho firmas que venden armamento de alto poder y estilo militar son: Diamondback Shooting Sports, Inc., SNG Tactical, LLC, Loan Prairie, LLC D/A The Hub, Ammo A-Z, LLC y Sprague’s Sports Inc.
De 138 páginas, la demanda exige a la Corte en Tucson que además de proceder legalmente contra los cinco vendedores por cometer delitos federales que los implican en el tráfico ilegal de armamento a México, establezca un jurado civil para procesarlos, juzgarlos y condenarlos.
“Sería la primera vez que iríamos sobre las armerías y sus personeros. ¿Por qué no habíamos ido antes? Porque la ley de Estados Unidos antes no lo permitía. En junio pasado el Capitolio aprobó una ley bicameral y varios delitos federales que podemos aprovechar para este propósito o que son aplicables en nuestra denuncia”
Marcelo Ebrard, canciller de México
Por medio de la firma de abogados, DeConcini McDonald Yetwin & Lacy, PC, la SRE sostiene que “de manera sistemática” las cinco tiendas demandadas participan en la venta de armas y municiones estilo militar a los cárteles del narcotráfico de México.
“Fuimos al origen, a lo que estimamos como el gran responsable de este problema, su línea de distribución y contra quienes venden sus productos (pues) los están vendiendo a los criminales; esto forma parte de la negligencia”, explica a Proceso el asesor Celorio Alcántara.
Presentó la SRE otra demanda
Los 13 delitos federales que atribuye la SRE a los cinco vendedores de armas son muy similares, pero se pueden reducir en dos: acción y omisión en el tráfico de los arsenales.
Celorio Alcántara indica que a la Corte en Tucson le dejan en claro que los demandados, con todo el conocimiento de causa, venden sus mercancías a prestanombres en transacciones múltiples que, saben, terminarán en manos del Cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación.
“Omisión es falta de cuidado. Están viendo que son prestanombres los compradores y que el crimen organizado puede usar prestanombres y no son cuidadosos en sus ventas.
“Por acción, tenemos información en la demanda que les han vendido a delincuentes. Hay un estimado, un análisis a partir de las armas traficadas con las que estas empresas podrían ser responsables de cientos de armas traficadas a México”, sostiene Celorio Alcántara.
El rastreo de las armas aseguradas en la República Mexicana y que implicaría a los cinco expendedores de armas y municiones en Arizona, es el sistema ETrace, del gobierno de Estados Unidos, que determina el origen y lugar preciso de la venta de rifles, pistolas y municiones de alto poder.
“Vamos a ver si podemos presentar otra demanda por el lado de víctimas con respaldo al gobierno de México, porque el principio de inmunidad no lo podemos aceptar, ya que a nivel internacional contradice todas las disposiciones legales vigentes en el mundo”, insiste el canciller Ebrard.
El aspecto de inmunidad a la industria armamentista bajo la ley estadunidense conocida como Protección al Comercio Legal de las Armas (PLCAA) fue el sustento con el que el pasado 30 de septiembre la Corte en Boston desechó la demanda del gobierno de AMLO contra las empresas fabricantes de armas.
Argumentando que PLCAA da inmunidad a los fabricantes de armas de Estados Unidos ante demandas y que no judicializa extraterritorialmente, el juez Dennis Saylor desechó la demanda civil de la SRE, aunque ese fallo será apelado también en el estado de Massachusetts.
“Viene la apelación”, enfatiza Celorio Alcántara, explicando que desde el día del decreto de Saylor, la SRE tiene 30 días hábiles para notificar su respuesta por lo que a finales de octubre se entregará a la Corte en Boston la solicitud de apelación (Motion to Appeal).
“Y después presentamos el escrito de apelación en los próximos dos meses, conforme al calendario de la corte de apelaciones de Boston, las empresas pueden presentar su escrito y después nosotros podemos presentar una réplica; se van a presentar escritos de amigos de la corte”, adelanta el encargado de los temas jurídicos de la cancillería mexicana.