Martes 16 de Enero de  2024
UNA “HERENCIA MALDITA” DE 40 AÑOS

Zacatecas vive un infierno en seguridad; gobernador Monreal lo encomienda a Dios

A mes y medio de desplegado un nuevo operativo de seguridad con la Guardia Nacional y el Ejército, la criminalidad en el estado no cesa

Escrito en NACIONAL el

David Monreal, gobernador de Zacatecas, encomendó a Dios su entidad tras el hallazgo de 10 cuerpos frente al palacio de gobierno, hecho que aseguró es el resultado de una “herencia maldita”, por la política de seguridad ejecutada los últimos 40 años, seis de ellos -entre 1998 y 2004- con el gobierno de su propio hermano, el ahora senador Ricardo Monreal.
 
“El tema de inseguridad tiene que ser una política pública prioritaria, no ocasional; porque degradar y llevar a estas condiciones a nuestro país les llevó casi 40 años, 30 y tantos. Ahora volver a recuperar nuestra tranquilidad, nuestra paz, nuestra justicia, nos va a llevar también. Yo he dicho y sostengo: confío en la bendición de Dios y espero que hayamos llegado a tiempo para detener este deterioro y todo esto que está sucediendo”, dijo Monreal en un video publicado ayer en su cuenta de Facebook.

 


 
La ejecución múltiple de este jueves en la Plaza de Armas de la capital zacatecana es resultado de un deterioro en seguridad, según cifras hasta enero de 2022. Monreal tomó posesión de la gubernatura el 12 de septiembre pasado, pero a partir de entonces ha tenido lugar un incidente similar cada mes, siendo el del 9 de octubre el que menos víctimas tuvo con un saldo de cuatro policías asesinados.
 
Apenas tenía tres días en el cargo, cuando dentro de una vivienda en la capital del estado fueron localizados 10 cadáveres, en lo que se descubrió después se trataba de una fosa clandestina. A partir de entonces no ha habido mes en el que no aparezcan cuerpos colgados en puentes, sujetos a árboles, colocados dentro de camionetas. Los datos oficiales revelan el nivel de criminalidad.
 
Con cifras a noviembre de 2021, Zacatecas se ubicaba en el primer lugar nacional de extorsión y en el quinto lugar en homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes; esto de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). El 18 de ese mes, la evidencia de la descomposición de la pelea entre cárteles fue el descubrimiento de nueve cadáveres colgados de un puente en el municipio de Cuauhtémoc, Zacatecas.
 
El operativo Zacatecas II fue entonces la solución propuesta por el gobierno federal, como un paliativo a la crisis de seguridad. Desde entonces, se desplegaron mil 954 militares y 2 mil 745 elementos de la Guardia Nacional en 23 nuevos puntos de vigilancia en carreteras, en las casetas de las cuatro Unidades de Regionales de Seguridad y en zonas limítrofes con los estados vecinos.
 
La Guardia Nacional también asumió las funciones de seguridad pública en nueve municipios donde no hay un solo elemento de policía local. El refuerzo se sumó a los tres batallones con que contaba ya el Ejército en la zona  de Fresnillo, Jalpa, Guadalupe y Tlaltenango.
 
A semanas de iniciado el operativo, aumentaron los desplazamientos forzados, las detenciones con abuso de la fuerza, los asesinatos y la evidencia de que el crimen tiene el control
 
Mientras David Monreal Ávila y la federación llaman a la operación un éxito, su hermano Saúl Monreal, alcalde de Fresnillo, y Eleuterio Ramos Leal, edil de Valparaíso, desestiman su eficacia e incluso reclaman que los criminales sacan a la gente de sus hogares, hay retenes donde desparecen los habitantes y las detenciones de los militares son todo menos tranquilas.
 
“La realidad es que en el municipio no ha habido gran avance (en materia de seguridad). Creo que es necesario invitar al presidente López Obrador a Fresnillo, para que vea que es uno de los municipios más conflictivos…”, dijo el edil en una entrevista de radio.
 
A ello se han sumado las desapariciones. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), con fecha a 23 de diciembre de 2021 se reportaban 804 personas desaparecidas, más del doble de las registradas en 2020, cuando fueron 338.
 
Para rematar, mientras en el discurso la seguridad es prioridad, el gobernador pasó la rasuradora al presupuesto de la Fiscalía General de Justicia, por 41 millones de pesos, mientras que al Poder Judicial se le quitaron 31 millones de pesos en el paquete económico 2022.