Los gobernadores de los estados de Veracruz, Cuitláhuac García; Morelos, Cuauhtémoc Blanco, y Puebla, Miguel Barbosa, iniciaron el 2022 con escándalos que los perfilan como los personajes incómodos para la autodenominada Cuarta Transformación y, específicamente, para el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los tres mandatarios se encuentran entre los seis peor evaluados en el ranking de gobernadores de la consulta Demoscopia Digital del mes de diciembre, principalmente por el incremento de la violencia en sus entidades; pero también destacan por los escándalos que protagonizaron al finalizar 2021 y en los primeros días de 2022.
Este miércoles el gobernador Cuitláhuac García acusó a los legisladores federales de violar la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y el Reglamento del Senado, al crear la Comisión Especial para Investigar Abusos de Autoridad y Violaciones Humanas cometidas por el gobierno de Veracruz, sin la aprobación del Pleno del Senado y sólo con la de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Este señalamiento se dio luego de que el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, creó una Comisión Especial para investigar posibles abusos de autoridad del gobierno de Veracruz; esto tras la detención hace unos días de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la propia Jucopo.
También el senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, afirmó que la comisión especial actuará “con absoluta objetividad y con evidencias documentales”, luego de que identificaran al menos 12 casos de supuestos abusos de autoridad en la actual administración estatal.
El enfrentamiento entre Cuitláhuac García y el Senado se ha intensificado conforme avanzan los días; pues el gobernador ha sido señalado desde el Congreso por encarcelar a políticos contrarios a su gobierno.
Blanco, en la mira
Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, regresó de sus vacaciones decembrinas, a las que se fue sin permiso del Congreso local, para negar vínculos con líderes del narcotráfico; esto después de que el periódico El Sol de México publicara una fotografía en la que el exfutbolista posaba con presuntos cabecillas de organizaciones criminales.
Aunque Pablo Ojeda Cárdenas, secretario de Gobierno de Morelos, justificó que la fotografía fue una "casualidad", el mandatario se encuentra en entredicho, pues coincide con el hecho de que el 6 de noviembre de 2021, Blanco anunció la captura de Esther Yadira 'N', mejor conocida como 'La Jefa' y presunta líder del grupo criminal Guerreros Unidos, misma persona que habría tomado la fotografía difundida este miércoles.
Cabe recordar que, para irse de vacaciones, Blanco Bravo firmó un documento en el que pedía ausentarse 15 días para pasar las fiestas decembrinas en Brasil y, en su lugar, se quedaría el secretario de Gobernación estatal, Pablo Héctor Ojeda Cárdenas; no obstante, se reveló que los documentos no tenían la firma original del exfutbolista.
Ante ello, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Morelos pidió a Ojeda Cárdenas el oficio GOG/105/2021, fechado el 14 de diciembre de 2021, así como los documentos expedidos entre los días 17 y 28 de diciembre para confirmar la legalidad de los mismos.
Esta misma semana, aparecieron dos mantas en la entidad, específicamente en Oaxtepec y Cuautla, en las que un cartel de la droga amenaza al gobernador con revelar las condiciones en que murió el activista Samir Flores, quien fue acribillado el 20 de febrero de 2019 afuera de su domicilio.
Flores era parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA-MPT) en la lucha contra el Proyecto Integral Morelos, plan de desarrollo impulsado por Cuauhtémoc Blanco durante su mandato.
Recomendaciones, violencia, señalamientos judiciales en Puebla
El tercer mandatario local que inició el año en medio de la polémica es Luis Miguel Barbosa, de Puebla, quien enfrenta nueve recomendaciones; dos emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y siete por la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDH).
Destaca una directamente para el mandatario por cometer violaciones graves a los derechos humanos, documento que lo exhortó a disculparse con el exsecretario de Salud local, Jorge Aguilar Chedraui, por violar su derecho a presunción de inocencia tras acusarlo de corrupción.
Una recomendación más le fue emitida para que respetara la actividad periodística, así como garantizar el pleno ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, de prensa y acceso a la información; esto por acusaciones de medios locales de hostigamiento de dependencias locales.
Barbosa Huerta tampoco está presentando muy buenos resultados en materia de seguridad. A finales de diciembre, Vía.Tres evidenció que la Fiscalía General del Estado aceptaba un incremento en los niveles de delincuencia en la entidad.
De acuerdo con los datos oficiales, de enero a noviembre de 2021, las denuncias levantadas por delitos del fuero común habían pasado de 57 mil 943 en 2020 a 68 mil 400; por lo que, al término de diciembre, el incremento delictivo en la entidad se perfila para cerrar en una cifra cercana al 20%.
A lo anterior se suma un conflicto que pega directo a la comunidad universitaria, pues Barbosa Huerta ha tenido injerencia directa en el cierre de las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
A mitad del 2020, se acusó a la familia Jenkins de Landa por un presunto fraude a la Fundación Mary Street Jenkins, por lo que las instalaciones de esa universidad se mantienen tomadas por la fuerza pública desde hace seis meses, se impuso a un nuevo patronato y, pese a varios ordenamientos judiciales, la apertura de la escuela sigue sin concretarse.
Además, ahora que se ha reavivado el caso Lozoya, el mandatario poblano está en riesgo de ser procesado aún, ya que durante la primera denuncia del exdirector de Pemex se acusó a Barbosa de haber querido cobrar por su apoyo a la Reforma Energética, en tiempos del expresidente Enrique Peña Nieto.
Según declaró Emilio Lozoya, el entonces senador puso sobre la mesa que apoyaría la iniciativa a cambio de que a su hermano, trabajador de Pemex, lo favorecieran trasladándolo de una terminal de almacenamiento en Guerrero a las oficinas centrales de la petrolera en la Ciudad de México.