El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no contempla pagar indemnizaciones a los productores privados afectados por una eventual aprobación de la Contrarreforma Eléctrica; toda vez que, de acuerdo con la secretaria de Energía, Rocío Nahle, ésta no contempla ejecutar expropiaciones.
"No se va a expropiar ni un tornillo, no se va a expropiar absolutamente nada, no les vamos a pagar nada a nadie; porque no les estamos quitando sus plantas, porque no les estamos diciendo que se vayan, porque no les estamos diciendo nada; nada más les decimos ustedes se quedan en esta parte", dijo la funcionaria al participar en la reunión plenaria de los senadores de Morena.
Nahle, quien anticipó la reforma como un hecho ya consumado, recordó que la iniciativa plantea que el 46% del mercado se va a repartir entre todos los privados que ya están en México. “Una participación muy importante para que ellos ahí, en un libre mercado justo, justo, participen entre ellos", aseveró.
En la sesión con legisladores de su partido, la secretaria reiteró que con la reforma del 2013 se extendieron los permisos de autoabasto para que grandes fábricas produjeran su electricidad, pero que eso sólo trajo “violaciones y abusos”.
Afirmó que los privados apostaron por una práctica ilegal, creando un mercado paralelo "donde estos permisionarios simularon tener socios y empezaron a vender electricidad utilizando las líneas de transmisión de la CFE e incurriendo en fraude fiscal, lo cual es una actividad ilegal".
Con el mismo discurso impulsado por la Comisión Federal de Electricidad y desde la presidencia, aseguró que las sociedades de autoabasto, como Oxxo, Femsa, entre otras, no cubren el costo real del transporte (porteo), se interconectan en la red creando inestabilidad en el sistema, captando incentivos que le deberían pertenecer a la CFE.
También en contra de las preocupaciones de empresarios europeos y estadounidenses que han invertido en energía en territorio mexicano, la secretaria insistió que la reforma tiene el objetivo de fortalecer a la CFE y que "conviene a los mexicanos".
“Esta reforma no viola el tratado comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC); pues "el artículo 8 del tratado se reserva el sector energético de México para hacer los cambios constitucionales que se requiera a ello", expresó Nahle.
Rechazó también que la propuesta vaya en en contra de las energías limpias: “es un absurdo, es una mentira. Lo que nosotros sí queremos es un adecuado balance energético; porque encontramos un sistema eléctrico y un sistema de combustibles con un desbalance terrible, y lo primero que hace cualquier país es hacer su balance", precisó.
La propuesta de la presidencia busca que se apruebe una reforma constitucional que limitaría al 46% la participación privada en generación eléctrica, eliminaría los reguladores autónomos de energía, cancelaría todos los contratos de autoabastecimiento, y priorizaría el despacho de las plantas fósiles de CFE sobre las renovables de privados.