¡ALERTA! Yolli García Álvarez se encuentra internada en el hospital civil de Veracruz por una enfermedad coronaria que pone en riesgo su vida, sin que se le permita atención privada. Ella fue comisionada de transparencia de Veracruz y está presa desde hace 650 días sin sentencia!”, escribió Salvador Romero, comisionado del Instituto de Transparencia Jalisciense, en su cuenta de Twitter.
Esa era la voz de apoyo de un funcionario sumado a otros que reclaman de lo que acusan es una persecución política de parte del gobierno de Veracruz, a cargo de Cuitláhuac García, contra Yolli, ex presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), presa desde marzo de 2020, acusada de dar un nombramiento a un funcionario sin cumplir los requisitos de ley, que no ameritaría prisión, sino una sanción administrativa o inhabilitación para cargos públicos.
Ayer mismo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales publicó un pronunciamiento en sus redes sociales en el que señaó: “En el INAI reiteramos nuestra preocupación por la salud de la exintegrante del @CONAIP_SNT, Yolli García Álvarez y, respetuosamente, hacemos un llamado para que se brinden las atenciones médicas necesarias que permitan garantizar su derecho a la salud”.
Francisco Acuña, comisionado del IVAI y excompañero de Yolli, se sumó al reclamo de “atención médica adecuada, se encuentra hospitalizada en el Hospital Civil de #Veracruz en #Xalapa; esperamos que @CuitlahuacGJ Gobernador de Veracruz proporcione las condiciones y facilidades por estar Yolli, privada de su libertad”.
El caso de la excomisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Datos Personales, llegó el pasado 4 de enero a la Comisión Especial para analizar abusos de autoridad y violaciones de derechos humanos en Veracruz, creada por el Senado de la República, misma que hoy fue disuelta.
El esposo de Yolli, Adán Armenta, ha emprendido una batalla en todos los niveles para luchar contra la violencia de género contra Yolli. Para ese propósito ya acudió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otras instancias, pero no se ve cercana su liberación.