Aunque la medida había quedado en el archivo, el gobierno del presidente Joe Biden reinstaló a partir de este lunes el Protocolo de Protección de Migrantes (MPP), mejor conocido como “Quédate en México”, y que fue el punto clave para la reapertura de fronteras con nuestro país, el 8 de noviembre pasado, cerradas con motivo de la pandemia de Covid-19.
El expresidente Donald Trump instauró medidas migratorias de gran calado que impactaron directo en los derechos humanos de quienes buscan llegar a suelo americano, miles de mexicanos incluidos.
Aunque el gobierno mexicano, a través del la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), había reclamado más recursos para atender a todos los migrantes que deben quedarse de este lado de la frontera, al final aceptó las condiciones de restauración de esa política, casi sin cambios.
El programa puesto en marcha ha sido rechazado por diversos colectivos de protección de migrantes, por lo que incluso fue suspendido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) norteamericano; posteriormente, ante el reclamo de varios estados gobernados principalmente por el Partido Republicano, este se restituyó.
Por un mandato judicial, “Quédate en México” fue restablecido en esencia, pero con algunas adhesiones que impactan directamente en la cantidad de personas a las que el Gobierno mexicano deberá dar asilo.
La Cancillería mexicana aseguró que se acordó retomar el MPP luego de que desde la Casa Blanca se habían comprometido a aceptar modificaciones sustanciales enfocadas a cuidar los derechos de los migrantes.
Mexico exigió a Estados Unidos vacunar contra el COVID-19 a todas las personas que devuelva a suelo nacional; completar los casos judiciales individuales en un plazo no mayor a seis meses, además de brindar a los migrantes un mayor acceso a asistencia legal y traducción de información oportuna sobre su situación.
El DHS se comprometió a que se exima de esta medida a algunos grupos de personas vulnerables, como los adultos mayores, las personas LGBTQ y con discapacidades físicas o mentales.
A cambio de todo el apoyo que la Cancillería obtuvo, México dijo que, por razones humanitarias y de manera temporal, no retornará a sus países de origen a ciertos migrantes que tengan una cita para aparecer ante un juez migratorio en Estados Unidos.
Además, afirmó que en la SRE se garantizan facilidades a los migrantes para que puedan tener y comunicarse con un abogado en su idioma natal.
En un comunicado, las autoridades fronterizas asegura que estarán “en estrecha colaboración con el gobierno de México para garantizar que haya refugios seguros disponibles para los inscritos en el programa”.
Además, según el acuerdo de ambas naciones, se garantiza a las personas afectadas el derecho a un traslado desde y hacia los puestos fronterizos y, mientras esperan, un permiso de trabajo, atención médica y otros servicios básicos en México.
Mientras el Gobierno estadounidense pone medidas para contener el flujo migratorio, el presidente Andrés Manuel López Obrador exigió que los congresistas estadounidenses apuren la discusión del programa para regularizar a 11 millones de mexicanos.