Vía Rápida

En el verano del presente año, el Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, se paseaba por los clubes deportivos asegurando que contaba con la confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador y, además, se aventuraba a decir que el lugar que se abriría a final de año en la Suprema Corte de Justicia estaba reservado para su persona.
 
El escenario, decía a quienes lo querían escuchar, era inmejorable, pues había firmado para el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, las denuncias por operaciones con recursos de procedencia ilícita que nadie quería firmar —la de los 31 científicos del Conacyt, por ejemplo—; además de que en la propia Corte contaba con el apoyo de su tío, el ministro saliente José Fernando Franco González.
 
Las cosas se fueron poco a poco complicando y la sonrisa de Romero Aranda se borró; en el máximo órgano de justicia hay una nueva ministra que surgió de una terna en la que ni siquiera fue considerado y, además, en el escritorio de la UIF hay una investigación que sorprendentemente apunta a que el Procurador Fiscal cometió el delito de evasión.